De rescates y reventas: el ejemplo Azteca

Hace unos días escribí: “Las autoridades de Estados Unidos deberán decidir cómo abordar el problema de que una parte de sus instituciones financieras son muertos vivientes (en el papel, sus activos superan a sus pasivos; en la realidad, una parte de sus activos son tóxicos y requieren pasar a manos de un liquidador gubernamental, si es que el banco en cuestión quiere sobrevivir). ¿Absorberá simplemente el gobierno estos activos tóxicos —limpiando gratuitamente a los bancos— o, como sugiere el Nobel Paul Krugman, nacionalizará las instituciones para luego venderlas cuando estén limpias o buscará una tercera vía, a través de la partición de las empresas financieras? Son decisiones políticas delicadas, de las que dependerá la redefinición del sistema de pagos en la economía más grande del mundo."

Creo que el método de saneamiento de Corporación Mexicana de Radio y Televisión –la empresa pública conocida como Imevisión-, como parte del proceso de desincorporación (privatización) de empresas públicas de comunicación puede ayudar a explicarnos un poco más al respecto.

Imevisión era un desastre financiero y de gestión. Como el Estado mexicano nunca supo, bien a bien, si quería hacer televisión pública (para vender programas) o televisión privada (para vender audiencias en un intento por competir con el monopolio que ostentaba Televisa), llevó a cabo una política inconsistente, que dependía de los gustos del nuevo director general (que se sucedían a velocidad de dictadores bolivianos). Se pasaba de intentos de “televisión de calidad” a intentos de “televisión comercial”, con el resultado de que, salvo en limitadas áreas como los deportes, no tenía una audiencia de continuidad y no generaba certidumbre entre los potenciales anunciantes. Al mismo tiempo, se pasaba de etapas con notables transferencias de gobierno a otras, en las que se pretendía que la empresa fuera autosuficiente.

Un mecanismo que se utilizó en todo momento, y que se prestaba mucho a corruptelas, fue la utilización de brokers, es decir de agentes externos a la empresa que producían o compraban un programa e Imevisión lo transmitía, cediendo a cambio una determinada cantidad de tiempo de comercialización, que el broker conseguía por su cuenta. Normalmente esa cantidad era el 40% del tiempo comercializable y los brokers competían de manera abusiva –con tarifas preferenciales- contra la empresa. A menudo la única comercialización en esos programas era la del broker.

Es lógico que en esas condiciones, la inversión fuera escasa. Las cosas llegaron al grado que, cuando se tomó la decisión de privatizar, se transmitía la misma programación en las dos bandas (los dos canales) que Imevisión tenía a su disposición –sin contar el hecho de que buena parte de las antenas de Canal 7 estaban inservibles o derrumbadas.

Cuando Hacienda tomó bajo su control la empresa, la administración –encabezada por Carlos Gutiérrez Jaime- se dedicó a varias cosas simultáneamente. Todos los directores que trabajábamos ahí (yo era Director de Programación) sabíamos de las metas y colaborábamos en estas tareas simultáneas y coordinadas: 1. Modificar la programación para hacerla comercialmente competitiva; 2. Eliminar a los brokers de toda posibilidad de comercializar programas comprados o producidos por la empresa; 3. Analizar cuidadosamente todos los contratos para distinguir cuáles de ellos eran tóxicos –es decir, cuáles obligaban a una relación de broker o tenían consigo grandes pleitos legales; 4. Regularizar, en términos legales, todos los activos “buenos” (es decir, los que se fueran a vender); 5. Pagar, de ser posible con descuento, los adeudos de la empresa con distintos proveedores; 6. Racionalizar la plantilla de trabajadores, que era excesiva.

Pero todas estas medidas tácticas dependían de una decisión estratégica central: Corporación Mexicana de Radio y Televisión no se privatizaría, sino que sus activos se dividirían: una parte –los activos “tóxicos”- pasaría al ente liquidador y la otra –los activos “buenos”- sería vendida a un fideicomiso privado creado ex profeso, y el fideicomiso crearía una nueva figura: la empresa privada Televisión Azteca, que sería subastada al mejor postor, como parte del proceso de desincorporación. Este era el toque de genialidad.

Un día de abril, Corporación Mexicana de Radio y Televisión pasó a ser liquidada; días antes, algunos acreedores –ante la disyuntiva de “buscar su pago cruzando los nueve círculos del infierno de Dante”, como le llegué a decir a alguno- aceptaron pagos castigados (y de inmediato, nos reabrieron el crédito, vendiendo sus productos a precios más accesibles); a otros –a quienes estaban en juicio y a los brokers- se les mandó directamente al infierno liquidador. En la adquisición de varios programas también se pudieron conseguir descuentos, bajo la lógica de que el proveedor estaría activo a la hora de la transición.

Nació Televisión Azteca, con el mismo logo que ahora tiene –aunque en elegante color marrón-, y lo hizo con números negros.

La desintoxicación de los activos de Imevisión tuvo un costo elevado, pero la Secretaría de Hacienda lo entendió como una inversión de mediano, casi de corto plazo. Efectivamente, la televisora del Estado pasó de ser una empresa invendible a venderse 25 por ciento por encima del valor estimado (y varias veces por encima de lo invertido).

En cambio, las empresas que no se desintoxicaron -notablemente, en el paquete de medios, el triste caso de El Nacional, que por (in)decisiones políticas, no se deshizo de sus lastres en Tijuana y Sonora y tampoco de su enorme pasivo laboral contingente- no lograron una puja digna y tuvieron que ser liquidados años después, con altos costos para el erario.

Hay que hacer notar que la desintoxicación, en el caso de Azteca, implicó crear una empresa nueva, implicó un castigo a los detentadores de activos tóxicos –sé al menos de un caso en que el demandante ganó el juicio a Imevisión, pero años después y por una cantidad mucho menor a la que había demandado, porque aquello era transa contra transa- y, sobre todo, implicó un traspaso: un cambio total de administración, sin el cual la nueva empresa hubiera probablemente vuelto a caer en las andadas (aunque no por ello dejo de soñar en lo que pudo haber sido una Televisión Azteca pública, pero manejada con criterios de eficiencia, una televisora capaz de vender el rating de una buena programación: continuidad sin chabacanería).

En otras palabras, creo que la primera opción sobre los bancos estadunidenses –y sobre cualquier otra empresa en problemas de insolvencia, como puede surgir varias en México- es errónea. La limpieza de toxinas financieras y legales es un trabajo caro y complejo, que no tiene porque ser pagado exclusiva ni prioritariamente por el contribuyente. En cambio, las otras dos me parecen muy factibles: nacionalizas para limpiar y luego revender a un nuevo propietario o divides la empresa: el Estado le deja al antiguo dueño una parte relativamente limpia –pero establece una vigilancia estrecha, con base en un programa presentado por la empresa semi-intervenida, para que no se vuelva a contaminar- y trabaja sobre otra parte de la institución, que tiene activos “buenos” y “tóxicos” para revenderla más tarde a un precio razonable. Esta tercera vía me parece particularmente factible para empresas productivas emproblemadas.