La justicia mexicana corrigió ayer un despropósito jurídico, al negar la suspensión definitiva de la proyección del documental Presunto Culpable, atendiendo a que los hechos allí registrados son de interés público, y que la suspensión no puede decretarse cuando con ello afecte el interés social. Se cae así, uno de los más burdos intentos de censura que hayamos sufrido los mexicanos en los últimos años.
Lo que no se ha caído es el distorsionado sistema de justicia que la película exhibe en todas sus miserias, y que requiere de una transformación de fondo.
Buena parte de los comentarios al filme se han cebado en la perversión del sistema, fabricante automático de culpables y en la incompetencia del juez y de la representante del Ministerio Público. Todo ello está fehacientemente expresado en el documental. Pero creo que habría que ir más lejos, y pensar un poco en los juegos de poder que hay detrás de tanta injusticia.
Centrémonos en tres aspectos. Uno está en el origen del problema: la política de premiar a policías judiciales y MP según la cantidad de personas capturadas, consignadas y condenadas, independientemente de la veracidad de las acusaciones y del fundamento de los expedientes legales.
Esta política nace, paradójicamente, de una demanda social, que es acabar con la impunidad. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado cifras aterradoras acerca de la cantidad de delitos que no son investigados o en los que no se encuentra a los responsables? A esta demanda, se le responde como se hace con otras: con un simulacro. Hacemos como que cumplimos, y en las estadísticas aparece que, poco a poco, disminuye la impunidad. En la realidad, estamos multiplicándola: a cada inocente en la cárcel corresponde un culpable en la calle… y en el camino, abusando del poder, se generan otros delitos, donde la víctima casi siempre es joven y es pobre.
Entonces, para quedar bien con la opinión pública (a fin de cuentas, para ganar votos), se promueven políticas de incentivo que no ayudan a investigar mejor los ilícitos, sino que terminan por pedir cuotas de carne de presidio. A la policía judicial le resulta mucho más fácil inventar un criminal que encontrarlo.
Esto nos lleva al segundo aspecto. Víctor Daniel Reyes, el testigo que inculpó al protagonista de Presunto Culpable, y quien luego interpuso la demanda de amparo para retirar la cinta de la cartelera, no es el villano de la película, sino otra víctima, casi tan dramática como José Antonio Zúñiga, el hombre acusado de un asesinato que, según se desprende del filme, no cometió.
Del testigo sabemos que el día del asesinato tenía 17 años, que salió junto con el occiso cuando éste fue asesinado por un asunto de deuda de drogas, que declaró tres veces y sólo hasta la tercera nombró a un cuarto agresor, que le hicieron la prueba de Harris y salió negativo, que acompañó a los judiciales cuando detuvieron al “presunto culpable”, que cayó en contradicciones durante el segundo juicio y terminó admitiendo que el falso asesino no disparó.
Se colige que el menor fue presionado por los policías judiciales. Primero, se le consideró sospechoso (se le hizo la prueba para determinar si había disparado un arma de fuego), luego se le presionó para cambiar su declaración, más tarde se le hizo acompañar a los policías en busca de un chivo expiatorio, para que lo “identificara” y posteriormente se le presionó (eso se ve en la película) para que se sostuviera en sus declaraciones. Hay una escena en la que el muchacho busca con la mirada la complicidad de uno de los agentes judiciales: en esa mirada (que ahora, paradójicamente, será difuminada en las copias oficiales de la película) se ve que está a su merced.
Lo que el documental señala es que nuestro sistema de justicia permitió que se presionara y coaccionara a un menor, sin presencia de sus padres o tutores, para la fabricación de un culpable. Es un crimen inaudito. Y es muy probable que ahora, ya como adulto, el mismo joven haya sido empujado –al fin que él es un simple peón sacrificable- a levantar la demanda contra el filme.
Llegamos, así, al tercer elemento, el más preocupante. El documental deja la impresión de que al menos una parte del sistema de justicia mexicano está secuestrada por la policía judicial. Que los judiciales son quienes dictan las condiciones bajo las cuales se desarrollan los juicios. Que hay fiscales e impartidores de justicia atentos a no pisarles los callos, a no contradecirlos, a dejarlos hacer en su prepotencia. Que todos coadyuvan en cumplirles la vida fácil, porque ellos son el verdadero poder.
A lo que entiendo, el Ministerio Público debe verificar que la policía no infrinja, en su tarea investigadora, las disposiciones legales o reglamentarias vigentes y que no omita o retarde el cumplimiento de sus funciones. Cuando el MP no entiende su “chamba”, cree que ésta consiste solamente en acusar, y se pone al servicio de la policía, su labor queda desvirtuada. Queda la carreta delante de los bueyes, y pierde todo sentido la capacidad coercitiva del Estado, porque ya no vivimos en un estado de derecho, sino bajo un Estado policiaco. Y tras de enterarnos de la detención de los hijos del comandante que aparece en el documental, que se dedicaban al robo con la protección de su padre, podemos imaginarnos bajo qué tipo de Estado policiaco.
En otras palabras, cuando el Estado abdica en los hechos de su capacidad investigadora, lo que queda es un mero cascarón, un simulacro de justicia, en donde lo que cuenta –al final- es ver quién tiene poder y quien no; quien tiene dinero y quién no. Una desgracia.
Pese a todo esto, hay que congratularnos de que haya gente capaz de poner el dedo en la llaga, de que haya habido funcionarios capaces de aguantar las presiones políticas y hasta personales para acallar a Presunto Culpable y, sobre todo, de que tengamos una sociedad atenta para exigir sus derechos, lo que imposibilitó el enlatamiento de este importante documental.
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