Reforma fiscal: fin a los tabúes

La compleja iniciativa de reforma fiscal planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene, más allá de algunas cuestiones puntuales que deben ser objeto de debate a fondo, una característica fundamental: admite que el sistema que se aplicó durante décadas ha dejado de ser funcional.

Lo más destacado es que, en contra de lo que algunos deseaban abiertamente y otros secretamente –para encontrar banderas de oposición radical-, no se contempla la introducción del IVA a alimentos y medicinas. Hay dos razones para ello: una es política y la otra, económico-social.

La razón política es tal vez la que más peso tuvo en la decisión del gobierno. Si la reforma educativa trajo los problemas y las movilizaciones que trajo, y la reforma energética traerá más todavía, la apertura de un nuevo frente de descontento en el lado fiscal hubiera sido de verdad muy difícil de manejar.

Las razones económico-sociales son de más fondo. Por más que los defensores de los impuestos al consumo insistan en sofismas, la gente de menos recursos es la que más gasta –proporcionalmente a sus ingresos- en alimentos y medicinas. Centrar una reforma en el IVA equivaldría a castigar más a quienes menos tienen.

Pero, todavía más importante, un aumento al IVA desestimula el mercado interno. En las condiciones actuales de estancamiento cercano a la recesión, en México y en el mundo, insistir en un modelo de crecimiento jalado por el sector externo equivale a condenar la economía a la anemia, al menos en el mediano plazo.

La apuesta a la reactivación se hace más transparente con el derrumbe del tabú del superávit fiscal (que no era tal) que se manejó por años. Este tabú es la clave del estancamiento estabilizador que vivimos durante los últimos dos sexenios. El déficit presupuestado, de 1.5 por ciento del PIB, es fácilmente financiable y tendrá un pequeño, pero necesario, efecto contracíclico en una economía deprimida. Lo importante no es si hay déficit o no, sino la posibilidad de que éste sea manejable y financiado de manera sana.

A diferencia de otras, esta reforma es progresista casi desde cualquier ángulo que se le vea. Tiende a romper con los privilegios de algunos grupos empresariales de interés, al eliminar la consolidación fiscal y reducir tratamientos preferenciales y regímenes especiales. También se pone al día en asuntos como el gravamen a las ganancias bursátiles, la fijación de tasas máximas de ISR y acotamiento de deducciones.

Adicionalmente, hay una serie de impuestos que casi parecen de miscelánea fiscal, que sirven como sustituto a la no incorporación del IVA en alimentos y medicinas. Hay algunos políticamente correctos, como el de los refrescos o los combustibles fósiles, que fueron casi simbólicos y que difícilmente tendrán oposición en este país obeso y contaminado. Otros causarán más polémica, como la aplicación de IVA a colegiaturas particulares o a la renta y venta de inmuebles.

Es evidente que, así como la iniciativa satisfizo a los progresistas (y desarmó una previsible ofensiva radical), dejó con muy mal sabor de boca a la mayoría de los grandes empresarios. A cambio de la ansiada eliminación del IETU, la propuesta golpea directamente los intereses y las carteras de influyentes cámaras industriales (mineros, transportistas, etcétera) y de las más grandes corporaciones.

Por eso, ahora los empresarios se van a querer presentar como adalides de los intereses de las clases medias (que, como de costumbre, salen raspadas) para defender en realidad sus propios intereses, porque son los más afectados con una propuesta redistributiva. Dirán que pagan los mismos (es decir, que no pagan los pobres y los informales) y que se castiga la inversión (en vez del consumo, que es general), aunque ello implique una mejor expansión de los mercados.

¿Cuáles son, a mi entender, los puntos débiles de la propuesta? He identificado tres, hasta ahora.  

El primero es su calado. Se trata de una reforma que sólo equivaldrá a 1.4 puntos del Producto en el primer año y 3 puntos para fines de sexenio. Eso, si se aprueba de manera integral. Es un porcentaje que se antoja insuficiente para las necesidades del país, dado el piso impositivo, muy bajo, del que parte.

Tal vez habrá momento para algún ajuste en el futuro próximo. Por lo pronto, para no hacer olas y para no hacer políticamente confusa la iniciativa, el gobierno evitó gravar alimentos procesados que consumen las clases medias y altas del país. 

Esto significa que no hay recursos suficientes para generar un seguro de desempleo y una pensión universal dignos de ese nombre. Algo se hará, porque estamos avanzando en la dirección correcta, pero desde ahora puede decirse que será insuficiente.

El segundo es más bien una duda. El impuesto a los depósitos en efectivo desaparece,  por engorroso y por problemas de interpretación constitucional (cobrar por depositar dinero de uso legal). Pero no he visto en el panorama de la iniciativa ningún punto que desincentive la informalidad, que es un grave lastre de la economía.

Finalmente, hay dos impuestos que de seguro generarán grandes debates. Uno es el que tiene qué ver con la educación privada. Me parece correcto que se haya eliminado la deducibilidad de las colegiaturas, que era algo que generaba un proceso de privatización de la educación, tan caro al calderonismo. Pero el IVA del 16 por ciento es un exceso, sobre todo porque –seamos honestos- el sistema de educación pública no tiene en este momento capacidad para absorber a todos los educandos (pienso también en las familias que en Oaxaca, Guerrero o Michoacán hacen enormes esfuerzos para que sus hijos vayan a una escuela en donde los maestros sí den clase). ¿No sería más lógico un impuesto especial, más bajo, que fuera aumentando en la medida en que también se fueran destinando más recursos a la educación pública en todos los niveles?

Otro grupo de impuestos, el relacionado con la compra-venta de inmuebles y con las hipotecas, tiene el defecto de golpear uno de los sectores más afectados con la crisis y que más empleos genera, que es el de la construcción. De entrada, disminuye el valor de las casas. Y en el caso de las rentas, además de no ser fácil su control, terminaría por afectar más a los inquilinos… que no suelen los más ricos.

En resumen, aunque pudo ser de mayor calado y tiene sus asegunes, la reforma hacendaria va en el sentido correcto. Merece un debate nacional a fondo. Es progresiva y no regresiva, termina con tabúes dañinos y pone énfasis en lo social, recordándonos que, en política económica, lo político está en el sustantivo y lo económico en el adjetivo.