La ola antiintelectual

 Aquí, dos textos publicados en Crónica. Uno en octubre de 2021 y, el otro -que puede estar detrás de lo que está pasando recientemente- en febrero de 2019.

La ola antiintelectual

Hasta hace algunos años una de las certidumbres que había era que las discusiones y las diferencias políticas se dirimían por la razón -al menos aparentemente- y que todo mundo apostaba, así fuera de dientes para afuera, por el pensamiento racional y la ciencia.

Ahora parece que no.

Llevamos ya dos años de una andanada constante en contra del conocimiento, la ciencia y los distintos saberes. Esos ataques a menudo se han disfrazado de combate a las élites y su corrupción, pero lo que está detrás es un claro desprecio al trabajo intelectual de todo tipo, al que se le quiere contraponer una sabiduría “ancestral” que tiene mucho de usos y costumbres y otro tanto de superchería.

El reciente ataque judicial que han sufrido los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico es sólo la muestra más reciente de una política y un discurso que no sólo son ajenos a la ciencia, sino contrarios a ella: la ven como enemiga de los intereses populares.

Hemos pasado por la estampita del Detente, por la aseveración presidencial de que el coronavirus no pegó tan duro en África por las costumbres de sus pueblos, por la infravaloración del trabajo de los profesionistas, sean estos médicos o ingenieros, por el desprecio a la labor de la prensa profesional, por la negación voluntarista de los datos de medición económica y social, por la sugerencia de que hay una élite corrupta que engaña al pueblo dándose la gran vida con el pretexto de la academia.

Esta visión de las cosas también se ha expresado en el presupuesto, como lo indican la desaparición de los fideicomisos destinados a la ciencia y las artes, los recortes a las becas y la desaparición de las Cátedras Conacyt, el estrangulamiento financiero de distintas instituciones públicas de educación superior y un largo etcétera.

Durante generaciones se ha manejado, sobre todo en países desiguales como el nuestro, que tienen una correlación positiva entre nivel de escolaridad e ingresos, que estudiar y hacerse de una profesión, o utilizar productivamente los propios talentos, son caminos válidos para mejorar personalmente y para la movilidad social.

Si bien esos caminos se han vuelto más estrechos en las últimas décadas, siguen siendo parte del imaginario colectivo. Son parte de los sueños y deseos, de los valores inculcados. Y las rutas, con baches y todo, siguen existiendo.

Pero lo que ahora se dice, desde el púlpito mañanero, es que eso no debería contar. Que son caminos errados, alejados del alma del pueblo. Quien los transite es un “aspiracionista”, que está pensando sólo en sí mismo y en su familia… aunque su trabajo genere bienestar para el resto de la población.

Considero que hay dos elementos detrás de esta idea. Uno es el desconocimiento de las contribuciones de los creadores y científicos al bienestar y la grandeza del país. El Presidente dice que “no hacen nada”.  

En contra de la idea de vividores que se la pasan de coloquio en coloquio, hay una lista enorme de contribuciones de científicos mexicanos, para la que no alcanzarían las páginas.

Antimio Cruz recordó algunas en Crónica: “la ciencia mexicana ha generado las variedades de trigo más sembradas en el mundo; la molécula base de la pastilla anticonceptiva; la primera explicación para frenar el agujero en la capa de ozono, así como antídotos contra venenos, vacunas contra la enfermedad de Chagas”. También cita que es gracias a un mexicano que la insulina que usan los pacientes con diabetes ya no se extrae del páncreas de cerdos, sino de bacterias, y recuerda los avances de ingeniería ligados a la construcción del Gran Telescopio Milimétrico, en Puebla.

Podríamos agregar las investigaciones arqueológicas sobre el Templo Mayor y sobre Teotihuacan, la contribución mexicana en el colisionador de hadrones o en la misión del Curiosity a Marte, el estudio y la defensa de la biodiversidad en el país o los avances para curar el pie diabético (pienso sólo en la labor de algunos galardonados con el Premio Crónica).

El otro elemento se disfraza de ideológico, pero es más bien de resentimiento. Y ahí también confluyen algunos de los (cada vez menos) académicos que han justificado los ataques a la comunidad científica.

Es un resentimiento hacia lo que es percibido como un éxito inmerecido del que goza una parte de la población. Ese éxito y ese prestigio son vistos como una injusticia de parte de quienes, por distintas razones, se han sentido ninguneados en sus carreras profesionales. Más aún si se trata de carreras académicas o artísticas que por muchos años parecían no llegar a ningún lado. De quienes no alcanzaron a llegar al SNI, y son huérfanos de estímulos.  

De repente, por gracia de la política, el resentimiento es virtuoso. Y permite suponer -con la superioridad moral incluida- que el ataque contra el Foro Consultivo es sólo contra unos cuantos burócratas de la ciencia que habrían hecho mal uso presupuestal de los recursos. Eso es hacerle al tío Lolo.

Hubo quien entendió mejor el sentido del ataque: ese hombre del pueblo (y empresario del carbón y senador) Armando Guadiana, quien pidió a la UIF investigar a la UNAM y a todas las universidades por el “despilfarro” de dinero de sus investigadores en “turismo internacional”. De lo que se trata es de apretarlos para que agachen la cabeza, se pongan a la defensiva y ya no se sientan tan cucos. Y lo de menos es que Guadiana tenga un pasado aspiracionista, con una maestría en Ciencias por el Tecnológico de Monterrey, lo importante es que está con el Señor Presidente.

El bodrio de la Ley de Ciencia

Se está gestando un peligroso divorcio entre el gobierno federal y la comunidad científica del país. No es –como dicta la frivolidad en boga– por nombramientos en el Conacyt, sino por la pretensión de regular ideológicamente la manera en la que hace investigación científica y de humanidades en el país. La presentación de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología ha sido mal vista por los investigadores del país, y con razón.

Esta ley refuerza de manera muy abierta la centralización en la toma de decisiones. En vez de hacerlo de manera colegiada, pretende la instalación de un Consejo Nacional, que en realidad es estrictamente gubernamental, para regir ciencia, tecnología y también las humanidades.

Esto significa desaparecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Consejo Consultivo de Ciencias y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, y sustituirlos por foros a modo o, de plano, por una estructura vertical.

Al eliminar la participación de actores no gubernamentales que son parte del Consejo General del Conacyt, se elimina, en los hechos, su carácter colegiado y, con él, la participación plural de la comunidad científica.

Esto también puede resumirse en una frase: Todo el poder para la dirección del Cona(h)cyt. Ésta define el presupuesto para ciencia y tecnología, la política de Estado, la asesoría a los poderes de la Unión, la creación o desaparición de centros públicos de investigación, las políticas de bioseguridad y lo que usted pueda seguir sumando.

Junto con ello, la ley plantea una suerte de supervisión metodológica y de prioridades, lo que en la práctica significa dar línea política a la investigación académica.

La idea es orientar la ciencia para “resolver los problemas prioritarios de la Nación”. Parte de una concepción de las ciencias, no como generadoras de conocimiento, sino como meros instrumentos del desarrollo, predefinido éste por las prioridades del gobierno. Esto deriva, casi automáticamente, en una distinción entre ciencias útiles para resolver los problemas y las que no lo son (en principio, toda investigación teórica y de frontera).

También pone por delante las disciplinas con más posibilidades de aplicación inmediata de las que tienen efectos más de largo plazo. Las ingenierías por delante de la física, las matemáticas o la astronomía. Las ciencias sociales aplicadas por encima de la filosofía o las disciplinas artísticas.

Explícitamente, el proyecto de ley señala que el desarrollo científico y tecnológico debe quedar subordinado al proyecto de nación: es decir, a la visión nacionalista y supuestamente justiciera del lopezobradorismo. Esto significa que habrá algunas áreas de investigación o proyectos específicos que se consideren redundantes, bajo el criterio (¿de quién?) de que no corresponden al Proyecto, a la justicia social o a los intereses nacionales.

El proyecto de ley tiene conceptos peculiares, que lo hacen a uno regresar a las discusiones bizantinas universitarias de los años setenta.

Uno de estos conceptos es el de “conocimiento socialmente necesario”, que no está definido. ¿Cuál conocimiento es socialmente necesario y cuál es socialmente innecesario o, incluso, dañino? ¿Cómo se define la necesidad social de determinado conocimiento? ¿Quién es el representante de la sociedad en esa definición?

Otro es la creación de “auténticas fuerzas productivas nacionales”, tampoco definidas. Se sabe que el desarrollo de las fuerzas productivas es condición para el cambio histórico. Lo que no se sabe es cuáles son “auténticas” y cuáles no. Se sobreentiende que las hay falsas, pero no sabemos quién lo define o por qué. Y también habría que preguntarse acerca de la nacionalidad de las fuerzas productivas. Sé que no estamos pensando en la autarquía, pero hay una suerte de rechazo visceral a lo extranjero, y eso se trasmina en la propuesta de ley: pasar este rechazo a las ciencias, que se nutren del intercambio libre de conocimientos, y al desarrollo económico y social, que también se nutre de la interacción internacional, linda entre lo ridículo y lo trágico.

Hablando de cosas no definidas, el proyecto establece que “los principios de previsión, prevención y precaución regirán las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico del país”, pero no dice de qué tratan estos principios. Tal vez tenga que ver con el deseo explícito de “minimizar o erradicar los riesgos derivados… de las actividades relativas a organismos genéticamente modificados”, en donde es claro que se trata, por razones ideológicas por aquello de “sin maíz no hay país”, de limitar la investigación y aplicación, pero no se entiende por qué se generaliza.

La cereza del pastel es que, de acuerdo con la propuesta, para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, será necesario que el trabajo del académico “redunde en el desarrollo del conocimiento humano y la solución de problemas sociales de diversa índole”. Lo primero se da por descontado, pero ¿y si el trabajo es teórico o de temas ajenos a lo social? ¿O si alguien considera que un trabajo de ciencias sociales no resuelve problemas, sino que los magnifica, porque la metodología o el marco teórico no corresponden a la norma o contiene una crítica devastadora al Proyecto de Nación? ¿Qué pasa, entonces?

En el fondo, tal y como han señalado varios analistas especializados en ciencia, el proyecto de ley lo que hace es consolidar un grupo compacto en la cima de la toma de decisiones en materia científica, darle a dicho grupo la capacidad de cancelar proyectos de investigación y de premiar o castigar a los académicos, abrir las puertas a la censura en materia científica y, por lo tanto, acabar con la libertad de investigación, que es el pilar de esa comunidad, siempre comprometida con México y que no se merece ese trato.

En resumen, bien harían los legisladores de Morena en analizar a fondo el proyecto, y rechazarlo. Es un bodrio.