El pulpo de las autodefensas

El gobierno de Felipe Calderón cargará para siempre el estigma de ser recordado como el de la “guerra contra la delincuencia organizada”. Existe una posibilidad cada vez mayor que el de Peña Nieto quede en la mente, no como el “de las reformas estructurales”, sino como el “del surgimiento de las autodefensas”. De ello depende lo que se haga en los próximos meses.

  

Los grupos más notables de las llamadas Autodefensas han surgido en los estados de Guerrero y Michoacán, pero sus raíces –y por lo tanto, la manera de contrarrestarlos- son diferentes. En ambos casos representan un difícil reto político para el Estado mexicano.

La mayor parte de los grupos que operan en Guerrero han nacido de liderazgos locales naturales, que son los que suelen negociar condiciones para sus comunidades en los periodos electorales (y que explican, parcialmente, el comportamiento electoral “en bloque”, de varias localidades y municipios guerrerenses).

Estos grupos llevan muchos años en una situación semilegal, lo que ha derivado en el envío constante de recursos de diverso tipo hacia ellos de parte de las autoridades locales, como se ha comprobado recientemente.

El caso es que ahora, en medio de una situación de tensión política –a la que deben añadirse la miseria en muchas regiones guerrerenses, la influencia de grupos extremistas y la cultura de la violencia-, una parte de esas autodefensas se ha salido de madre, se ha vuelto impredecible y difícil de controlar.

En otras palabras, el problema guerrerense es el resultado de décadas de permitir que ciertos usos y costumbres políticos –alejados, por cierto, del concepto dominante de democracia- hayan prevalecido como vía para la negociación entre las comunidades y las autoridades locales. Eran usos y costumbres que, a fin de cuentas, usufructuaban esas autoridades y sus partidos. Ahora se les han convertido en un problema.

En Michoacán sucede otra cosa. No hay tradición de autodefensas, salvo –marginalmente- las tradicionales guardias rurales de los ejidos. En otras palabras, son abiertamente ilegales. Además, estos grupos armados tienen otra proveniencia: hay quienes los financian. Y trabajan en un terreno comparativamente minado: se han desarrollado sobre todo en los bastiones del crimen organizado.

Estas son diferencias notables. Estamos ante gente armada que es pagada. Muy probablemente, sus principales financiadores sean empresarios y agricultores que han visto sus costos de operación elevarse escandalosamente por las extorsiones de los grupos criminales –señaladamente los llamados Templarios-. Pero no es descartable que también reciban dinero de mafias enfrentadas a ese grupo.

Otra característica de las autodefensas michoacanas es que varios de sus integrantes han sido o han querido ser policías, y no lo han logrado, ya sea porque reprobaron los exámenes de confianza, ya porque no eran admitidos en cuerpos que estaban intervenidos o infectados por el crimen organizado.

Para completar el complejo panorama hay que resaltar que, al menos desde 2009, la PGR considera a Michoacán como uno de los estados más problemáticos del país, debido al carácter fanático de los grupos delictivos –que han asociado sus tareas criminales con cierta mística religiosa y de secta- y a la penetración de la ideología de esos grupos en una parte de la población.

En los últimos meses, los conflictos en Michoacán se han recrudecido. Mientras en el resto del país los homicidios van a la baja, en esa entidad aumentaron 25 por ciento, según declaraciones de Roberto Campa. Al menos parte del recrudecimiento se debe a que, tal y como sucedía el sexenio anterior, hay una lucha por “las plazas” entre ejércitos irregulares.

Más recientemente, nos hemos enterado de la toma de alcaldías y el control de municipios completos de parte de las Autodefensas, que parecen estar siguiendo una clara estrategia militar de aislamiento, hostigamiento y asalto de las zonas controladas por los Templarios.

Ante esa situación, la pasividad de las autoridades federales y estatales ha sido, por decir lo menos, sorprendente. Y lo es más, porque hace no mucho las autoridades recuperaron el control de la plaza que daba más recursos a los Templarios: el puerto de Lázaro Cárdenas, que ahora está en poder de la Marina Armada de México.

Hay dudas razonables de que las autoridades han permitido que algunos de estos grupos irregulares hagan el trabajo sucio, por encima de las instituciones, para evitar toda posible contaminación político-partidista y, de paso, para salvar el potencial obstáculo de las comisiones de derechos humanos. Tal vez no sea así, pero, en cualquier caso, las autodefensas michoacanas, con todo y que son un ejército informal, han recibido un trato diferenciado.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno federal ha decidido públicamente asumir el control de la seguridad en la zona de Tierra Caliente, que obviamente se encuentra, en estos momentos, fuera del ámbito de las autoridades. No pide el desarme de los miembros de las autodefensas y les sugiere que podría contratar a algunos como policías. En otras palabras, apuesta por irlos devolviendo de manera paulatina a la legalidad.

La respuesta no se ha hecho esperar. Primero capturan a los líderes Templarios, y luego hablamos.

Para decirlo con otras palabras, también en Michoacán, los grupos de autodefensa se salieron de madre. Y, dado el contexto, eso los vuelve aún más peligrosos que en Guerrero.

La banda de los Templarios se convirtió, en pocos años, en un grupo de gran poder económico, organizativo y de fuego, que además de la extorsión –que es como la firma de la casa- abarcó el contrabando, la producción y distribución de drogas, la minería clandestina y otras actividades. Un auténtico pulpo, que fue creciendo en demasía, hasta que se encontró copado en varios frentes.

¿Quién va a garantizar que estas nuevas fuerzas irregulares no se conviertan en un pulpo similar? ¿Cómo se va a generar una cultura de respeto a la legalidad con este tipo de puntos de partida? ¿No se volverá Michoacán un ejemplo dañino que puede cundir en otras partes del país?

La clave está, como siempre, en el financiamiento. Cortar los suministros es la vía, clarísima, para asentar la situación en Guerrero. Hacerlo en Michoacán implicará, necesariamente, ir a las fuentes que han nutrido a las Autodefensas. Allí tal vez el gobierno federal se encuentre con que los afluentes son varios. Y puede llevarse sorpresas. Pero también tendrá que actuar de manera más decidida para cortar con fineza un problema que está echando raíces de manera preocupante. De otra forma, habrá saltado de la sartén al fuego, y encontrará motivos para el estigma.