viernes, agosto 20, 2021

Más pobres ¿menos desiguales?

Con los datos de la ENIGH y del Coneval, van dos textos sobre pobreza en México


Más pobres, ¿menos desiguales?



Llegaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2020, y con ellos, un balde de agua fría sobre la situación económica de las familias de mexicana. Ese balde de agua fría debería despertar a muchos sobre lo que no está funcionando.

En primer lugar, cabe señalar que la ENIGH no es una encuesta con una muestra pequeña. Abarca más de 100 mil familias, a las que el INEGI da un seguimiento detallado sobre las distintas formas con las que obtienen recursos y cómo gastan su dinero. Durante años ha sido el principal indicador de la situación real de las personas, más allá de los datos macroeconómicos.

En segundo lugar, cabe aclarar que las mediciones correspondientes a 2020 están signadas por la pandemia, y los efectos que tuvo el confinamiento sobre empleo, ingresos y formas de gasto. Hay que entender que se trata de un momento excepcional. Sin embargo, no por su excepcionalidad deja de ser real y no dejó de tener efecto sobre ingresos y gastos de los siguientes meses, hasta estas fechas.

La principal conclusión de la ENIGH es que las familias mexicanas tenían, en promedio, un ingreso 5.8% inferior al de dos años atrás. En otras palabras, eran -y son- más pobres que entonces.

La disminución del ingreso se da en casi todos los deciles. Los ingresos caen tanto entre el diez por ciento más rico de las familias (el decil X) como entre quienes están en la media nacional (deciles V y VI, con ingresos entre 9 y 13 mil pesos al mes), como en aquellas familias pobres, que tienen ingresos mensuales de 5 mil pesos (decil II). En otras palabras, en la pirinola de la pandemia y su manejo de política económica, todos esos perdieron.

En el único sector de la población en donde hay un aumento marginal es en el diez por ciento más pobre de las familias, que en 2018 ingresaron, a precios constantes, 3 mil 250 pesos al mes, cifra que subió a 3 mil 313 en 2020. Esta subida se dio casi exclusivamente en el sector rural, ya que el campo resultó menos afectado por la pandemia que las ciudades.

Como el diez por ciento más rico fue el que más vio afectados sus ingresos y, en la medida en que baja el ingreso, disminuye la pérdida neta, también tenemos que hay una mejora en el coeficiente de Gini, que mida la desigualdad en la distribución. Esta mejora es de menos de un punto.

En resumen, México entero empobreció y al mismo tiempo se hizo menos desigual. Una igualación a la baja. Está por verse si ese empobrecimiento y esa menor desigualdad son efectos permanentes o temporales, resultado de una coyuntura extraordinaria.

Cuando vemos por dónde cayeron los ingresos, no debe sorprender que las caídas más grandes son en los salarios y en la renta de la propiedad. Es lógico, al caer la producción y el empleo, derivados de la pandemia. El único rubro donde hay un aumento es en las transferencias: los pagos directos del gobierno o el envío de remesas desde el extranjero.

La disminución de salarios, rentas y ganancias está estrechamente ligada a la baja de la producción de bienes y servicios y a una menor demanda de los mismos. Todos esos ingresos están ligados a los factores tradicionales de la producción: trabajo, tierra, capital. Los únicos que crecen, y poco, son subsidios directos, privados o públicos. Recordemos que el tamaño de los subsidios, al final de cuentas, depende de cuánto pueda recogerse de los factores de la producción. Si estos bajan, será difícil mantener la tendencia.

Al ver la evolución de los ingresos por entidad, encontramos que las dos en donde más bajaron son, no casualmente, de las más golpeadas por la pandemia y su efecto en las distintas ramas del sector servicios: Ciudad de México y Quintana Roo. Algunas entidades, sobre todo en el norte y sur del país, lograron quedar parejas, pero la mayoría resintió una baja, más pronunciada mientras más urbana la entidad.

Esta evolución diferenciada provocó un cambio en el orden de estados con mayores ingresos promedio por familia, en el estrato urbano: en 2020 fue Nuevo León, seguido por Baja California y la Ciudad de México cayó hasta el tercer lugar.

A la hora del gasto, también hay cambios de todo tipo. En primer lugar, la disminución del gasto familiar fue todavía superior a la de los ingresos: 12.9 por ciento. En otras palabras, hubo ahorro, pero no porque el dinero sobrara, sino como previsión ante el futuro incierto.

El gasto para esparcimiento, transporte, comidas afuera de casa y para vestido y calzado se vino abajo estrepitosamente, en tanto que aumentó el de alimentos consumidos dentro del hogar y sobre todo el destinado a cuidados de la salud, que creció 40.5% (lo que no habla bien del sistema de salud pública).

Así como con el ingreso, quienes más disminuyeron su gasto fueron los integrantes del decil más rico, y la proporción fue bajando según se desciende en el nivel de ingresos. El único decil que aumentó su gasto (y lo hizo más que sus ingresos) fue el I, correspondiente a las familias más pobres.

Todo esto se traduce, en términos generales, en una baja dinámica de la demanda, que hace difícil que el mercado interno sea capaz de jalar a la economía en el futuro próximo. No es casual que las familias que viven en las entidades ligadas a la exportación hayan resentido menos el golpe.

Hay varias preguntas a hacerse: ¿estamos ante un proceso de lenta equidad por empobrecimiento o se trata de un efecto de una sola vez y volveremos a lo mismo cuando la economía se recupera?


¿Es viable una sociedad en la que los ingresos monetarios son menos por el trabajo, la renta y la ganancia y más por las transferencias?

¿Sirven de algo las transferencias directas, si las transferencias en especie de las instituciones públicas (educación, salud, vivienda) están disminuyendo al mismo tiempo? ¿Si no compensan la caída en salarios y en ingresos no monetarios?

¿De qué sirven esas transferencias, si contemporáneamente baja la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado y se dificulta su acceso?      

¿Es esto un modelo económico o sólo el calamitoso resultado social de una catástrofe sanitaria?   

Más le valdría a todos los actores políticos y sociales responderlas.


Pobreza de nuevo cuño


Después de los datos contundentes de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, llega el informe de medición de la pobreza, realizado por el Coneval, a confirmarlo y a abonar con nuevos datos: los mexicanos en 2020 eran más pobres que dos años atrás.

Al presidente López Obrador no le gustó que aparecieran y se difundieran estos datos. Él tiene otros, que salen de su corazón y de su fuerza moral. Y no le gusta que los resultados de su gobierno se vean con lentes diferentes a los de color rosa.

Es una lástima, por al menos dos razones. Una es que las mediciones de la pobreza deben servir para algo más que solamente medirla y darse golpes de pecho. Deberían ser utilizados para reforzar las medidas que sí funcionan y desechar las que no.

La otra razón es que, si López Obrador se hubiera tomado la molestia de leer el resumen del informe de Coneval, pudiera haber argumentado algunas cosas a su favor. Pocas, pero documentadas en los datos.

Como se sabe, el Coneval mide la pobreza desde distintos ángulos. Uno es el de ingresos, pero los otros son tanto o más importantes, porque son los relacionados con el acceso a distintos derechos sociales y a una vida digna. Acceso a la educación, a los servicios de salud, a calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda, a una alimentación nutritiva.

En el informe de 2020 se puede ver que la población en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas. Ahora son 55.7 millones de mexicanos, equivalentes al 43.9% de la población. Considerando los efectos económicos de la pandemia, la explosión del desempleo y subempleo, y la ausencia casi total de políticas de apoyo durante la misma, el número resulta menor a lo temido.

La gente en situación de pobreza extrema llegó a 10.8 millones de personas, casi dos millones más que en 2018, y representa el 8.5% de la población.

Si nos atenemos únicamente a los ingresos, poco más de un millón de personas se volvieron vulnerables en el bienio. Eso significa, por un lado, que la política de transferencias directas evitó que la caída fuera aún mayor, pero por el otro, que más de la mitad de los nuevos pobres lo son porque antes tenían acceso a servicios sociales y ahora no.

Y si atendemos a la evolución en el ejercicio de los derechos sociales básicos, encontraremos que la variación es marginal respecto a educación y alimentación, que en el acceso a seguridad social, la baja en el empleo se compensa con el aumento de personas pensionadas, que hay una mejoría sensible en lo relativo a vivienda y que donde está el desastre es en el acceso a los servicios de salud.

Para darnos una idea de la magnitud: 15 millones de mexicanos perdieron el acceso a los servicios de salud. Uno de cada ocho. Y lo hicieron en medio de la pandemia por Covid-19, una de las crisis sanitarias más grandes que ha vivido la nación.

En otras palabras, el grueso del aumento de la pobreza, medida multifactorialmente, resulta de la desaparición del Seguro Popular y su sustitución apresurada por el Insabi, en el peor momento posible.

Mientras que las políticas de equipamiento en viviendas, de educación e incluso de alimentación medio alcanzan a justificarse por los efectos de la pandemia, la de salud no tiene defensa. Sería obligatorio revisarla. Lamentablemente no será así. Al menos hasta 2024.

Otro tema de gran interés del informe es la evolución de la pobreza por estados, que es muy desigual. En 13 de las 32 entidades, Coneval identifica una reducción de la pobreza, mientras que aumenta en las otras 19.

¿En dónde es que baja la pobreza? En algunos estados industriales del norte, con la economía muy ligada a la de Estados Unidos, como Baja California y Chihuahua. También en algunos del sur, que han sido atendidos por este gobierno, y que de todos modos siguen con tasas muy altas de pobreza: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, son los ejemplos más notables.

¿Y en dónde es que ha aumentado más? En las zonas más golpeadas económicamente por la pandemia. Por una parte, Jalisco, Puebla, la Ciudad de México y el Edomex; por la otra, y de manera radical, en las que dependen ampliamente del turismo: Quintana Roo y Baja California Sur.

El caso de estas dos últimas entidades es tremendo: en ambas, el número de personas en situación de pobreza extrema casi se triplicó. En tanto, entidades que casi no tenían pobres extremos, como CDMX y Nuevo León, los vieron igualmente multiplicarse.

Estamos ante una pobreza de nuevo cuño, que se generó en zonas que tenían una economía muy dinámica y se cayeron. Una nueva pobreza predominantemente urbana, que requiere políticas específicas de atención, diferentes a las de la pobreza rural tradicional en los estados del sur.

Estamos, también, ante una pobreza altamente relacionada con las carencias en el acceso a la salud, por lo que el sector requiere un cambio total en el eje de su política.

Si bien para lo primero es pensable que, ante la evidencia acumulada, se desarrolle una estrategia de paliación (que no de resolución, porque no se les da más que el corto plazo), para lo segundo predominará el dogma presidencial. Y para la próxima medición Coneval recibirá, de nuevo, una ola de descalificaciones gratuitas.


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