El drama del ciclo escolar que no inicia en la comunidad
michoacana de Nueva Jerusalén es un indicador del lamentable estado en el que
nos encontramos como sociedad y, sobre todo, de la falta de autoridad en
diversas zonas del país.
Hay un derecho constitucional que está siendo abiertamente
pisoteado: el que tienen los niños y jóvenes de esa comunidad al estudio. Un
grupo fundamentalista se los impide violentamente, tras haber destruido la
escuela que existía –demoliendo propiedad pública hasta no dejar piedra sobre
piedra- y, a cambio, sólo hemos tenido
alegatos vacíos, negociaciones que no son tales y un gobierno atado de manos
por sí mismo.
La “solución” planteada por las autoridades locales, que los
muchachos tomen clases en escuelas de comunidades vecinas, equivale, simple y
sencillamente, a la abdicación de una de las funciones fundamentales del
Estado, al reconocimiento de que Nueva Jerusalén es un Estado (teocrático)
dentro del Estado, en el que no rigen las leyes de la nación, sino las del
supuesto iluminado que se hace llamar Martín de Tours.
Es racional que el minoritario grupo de residentes que
favorecen la escuela pública se haya negado a esta charada. Es vergonzoso que
el gobierno michoacano insista en negociar lo innegociable y que la Secretaría
de Educación Pública hable de “mano firme” para de inmediato doblarla y agregar
“pero con respeto”. ¿Respeto a qué? No es a las creencias religiosas, que
cualquiera puede seguir teniendo. Tal vez sea respeto a la autoridad sustituta
que se ha erigido en dicho pueblo.
Durante mucho tiempo, tal vez en expiación por los excesos
del pasado, se ha confundido el talante democrático del Estado con la debilidad
para hacer frente a quienes infringen la ley. El miedo a ser represivos ha
derivado en un uso casuístico y poco eficaz de los instrumentos que tiene a su
disposición el Estado. Los utiliza cuando no se requieren y los deja de
utilizar en otras ocasiones. Según el sapo, la pedrada. Así no se puede
gobernar.
El temor es que, siendo mayoritario en Nueva Jerusalén el
grupo que sigue al santón integrista, una intervención pública pueda derivar en
violencia y, posteriormente, en condenas de parte de la opinión pública y
publicada. En ese miedo, prefieren dejar que una mafia religiosa controle la
comunidad y abstenerse de frenarla… al fin que un derecho humano como la
educación no es tan espectacular.
El problema también habla de décadas de convenenciero olvido.
Nueva Jerusalén está por cumplir 40 años de haber sido fundada, a partir de las
visiones de una adolescente con problemas mentales. Desde sus inicios, la
localidad fue objeto de reportajes periodísticos y de fundadas denuncias de abusos, pero todo se disolvió
bajo la idea de que era un lugar pintoresco, aislado y de poca o nula
influencia. Un lugar extravagante en el que, fíjate que curioso, está prohibido
jugar futbol, “porque es como patear el mundo, obra sagrada de Dios”.
Han sido cuatro décadas al margen de la ley. Ahora estamos
pagando, con altos intereses, los réditos de esa desidia, de ese abandono (que
se ha dado en muchas otras comunidades, pero aquí degeneró en tumor).
Michoacán –donde comenzó la estrategia del presidente
Calderón contra el crimen organizado- es un estado maravilloso y extraño. Baste
recordar que las formas específicas que tomaron los principales grupos
criminales de ahí están impregnadas de seudo misticismo: La Familia y sus
“valores”, los Caballeros Templarios y su “orden”. Ha existido allí, por muchos
años, tal vez desde hace casi un siglo, un caldo cultural de cultivo que los
gobiernos de distinto signo político no han sabido atacar.
Si no hay una toma de decisiones que garantice, con la
mínima violencia posible pero con la firmeza de un Estado que impone sus
condiciones, un curso escolar normal en Nueva Jerusalén, las autoridades
estatales, y también las federales, estarán enviando un mensaje muy equívoco.
Si ustedes son muchos y decididos, pueden hacer lo que quieran. Si son muchos y
mochos, cuánto mejor. Buscaremos, de alguna manera, el “diálogo”.
Todo esto es el síntoma de que en nuestro país las
autoridades no aplican las normas como se debe, sino que suponen la existencia
de todo tipo de regímenes de excepcionalidad, fueros de facto y –a veces- de
jure. En ese sentido, tienden a ver este problema –que, insisto, es de derechos
humanos fundamentales- como un pleito entre particulares, en el que lo más que
se puede hacer es intermediar.
La política del avestruz tal vez sirvió con anterioridad.
Ahora ya no. El problema ha estallado en la opinión pública nacional y mundial.
Se precisan decisiones. Se exige la presencia real, no solamente simbólica, de
la autoridad. Se requiere de infraestructura, de una escuela pública funcional,
de seguridad pública y de vigilancia constante. Es la única solución en el
contexto de la ley.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario