Huachicol, valores, familia, leyes

El trabajo periodístico realizado en Crónica por Daniel Blancas en una de las zonas donde prevalece el huachicoleo, así como la terrible agresión intimidatoria de que fue objeto, dan cuenta de los problemas para erradicar esa y otras plagas que vulneran la economía nacional y la convivencia social.

Hay varios hechos a subrayar. Uno es que el negocio criminal es mucho más grande de lo que parece, y que difícilmente los programas sociales de apoyo podrán suplir los ingresos que muchas familias obtienen transgrediendo la ley. Por lo mismo, la resistencia de los principales beneficiarios será feroz. Pensemos que la investigación y los hechos ocurrieron poco después de la tragedia de Tlahuelilpan, cuando supuestamente los ladrones de combustible andaban a la defensiva y con el perfil bajo.

Otro hecho es que las actividades criminales, en la medida en que generan una derrama económica local y en la que, también, se implantan en ese tejido social y le imponen sus leyes propias y su poder, se genera una suerte de complicidad colectiva. La gente hace como si el delito fuera legal y pretende moverse en un limbo, entre la autoridad constituida y las autoridades de facto.

El tercero es que, aunque la gente cree beneficiarse de esa actitud, en realidad nunca se crean las condiciones para que salga de la pobreza material y moral; al contrario, las nuevas condiciones están hechas para reproducir esa pobreza. Casi no hay comunidades que puedan prosperar en esas circunstancias. Hay una derrama de dinero que viene y va, pero las condiciones materiales de la existencia siguen siendo las mismas, mientras empeoran las condiciones de convivencia.

La apuesta del gobierno de López Obrador parece ser la de intentar romper ese apoyo social, en parte a través de transferencias directas de diverso tipo, en parte apelando a los valores de la familia.

El problema de esa estrategia es que es limitada, porque ambos elementos –las transferencias y el llamado a la intervención moral en la familia- sólo pueden ser complementarios a una estrategia de desarrollo integral de las comunidades, que requiere tanto de inversión pública o privada, como de un proceso de participación que los beneficiarios de la actual situación intentarán impedir.

Es posible que la crisis extrema del huachicoleo pueda ser controlada, y el robo de combustibles disminuya a niveles menos inmanejables. Es, al parecer, lo que está sucediendo. Pero es improbable que esa actividad pueda ser erradicada si no se generan opciones productivas, y no meramente asistenciales. Eso significa que el Estado tendrá que seguir desviando recursos, principalmente en materia de seguridad, para garantizar algo que debería ser normal en un estado de derecho.

Todo esto nos lleva a pensar que el énfasis de López Obrador en el papel positivo de las familias para la educación y la prevención del delito proviene de una aceptación tácita: en México no nos regimos por las leyes, sino por valores tradicionales, donde la familia es el pilar principal.

Si no hay estado de derecho, si no se pueden aplicar las leyes, sólo queda apelar a otro tipo de instituciones sociales, que son anteriores a las normas legales. Familia, religión, moral, patriotismo. Eso.

El problema es que también las instituciones tradicionales han sufrido deterioro en décadas recientes, y más en las zonas donde se ha asentado, en sus diferentes modalidades, la criminalidad organizada.

La “aceptación tácita” de López Obrador a la que hacíamos referencia viene de una visión cultural. De su idea de que aquí se respeta a las madres y no a las policías. Es cierto en lo fundamental, pero no del todo.

Hay mediciones internacionales de valores, a través de encuestas (las World Value Surveys, que se miden desde 1981), que nos dicen mucho acerca de qué es lo que mueve a las sociedades a mantenerse cohesionadas. Algunas, como China, Alemania o Japón, se basan en una estricta observancia de la ley formal. Otras, como India o Kenya, se basan casi totalmente en instituciones tradicionales, como la familia y las iglesias. México, no está entre estas últimas, sino a media tabla, junto con otras naciones de América Latina y algunas del Medio Oriente.

Lo relevante, si vemos la evolución de la tabla a lo largo de las décadas, es que los valores en nuestro país, al mismo tiempo que se han movido hacia la tolerancia y el respeto a la expresión individual de las personas, se han ido alejando del respeto a las leyes formales. Se ha interiorizado la idea de que el estado de derecho es una entelequia, un concepto vago que nunca se hace realidad.

Entonces, si bien es necesaria, en todos los frentes posibles, una lucha cultural por restablecer valores de convivencia, es igualmente necesario insistir en hacer funcionar lo mejor posible el estado de derecho. Sin él, no habrá salida a las crisis recurrentes de valores.

Eso debería significar que la aplicación de la ley debe ser pareja, no sujeta a criterios económicos. En esto AMLO ha puesto el dado sobre la llaga. Pero tampoco sujeta a criterios políticos. Y ahí es donde, se ve, le resulta más difícil, con eso de quedar bien con todos.