Una elección sin sentido
Se acerca la fecha programada para la elección
judicial y ya está en pleno el proceso de promoción del voto. En este se dice
que, con la elección popular de personas juzgadoras, se trata de fortalecer
nuestra democracia. Ojalá así fuera, pero no.
En los promocionales se acepta, de manera tácita, que
el proceso de votación es complicado para cualquier ciudadano, al enviar al
posible votante a una página de internet en donde le explican el método.
Todos los ciudadanos son iguales, pero hay algunos más
iguales que otros. El 1°de junio, la ciudadanía que acuda a las urnas votará en
uno de los 60 “distritos judiciales electorales”. Esos distritos judiciales no
se corresponden con los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación ni
tampoco adoptan un criterio de distribución poblacional. Se definieron de
manera arbitraria y asimétrica. En esa elección no contará igual el voto de un
ciudadano en Jalisco que el de otro en Chiapas. En algunas partes de la Ciudad
de México, los ciudadanos que vayan a las casillas se enfrentarán a una enorme
cantidad de boletas. Hay un juez en materia de telecomunicaciones que se votará
sólo en uno de los distritos capitalinos y hay zonas donde no se votará por
ningún juez laboral.
Las candidaturas no son ciudadanas, sino que pasaron a
través de un proceso en el que la gente del partido en el poder tuvo más peso
que cualquier otro actor político. Son, sobre todo, candidatos del Ejecutivo y
del Legislativo, más algunos de los gobernadores (incluidos aquellos
posiblemente coludidos con el crimen organizado). Y en el Senado aceptan que la
criba no fue lo suficientemente buena como para evitar la presentación de
candidatos con presuntas alianzas con la delincuencia .
Para la elección de jueces hay más de 200 mil solicitudes para ser observador electoral. Es claro que hay quien pretende usar esa figura para incidir indebidamente. El INE encontró que más de 32 mil de los solicitantes para observar la elección del poder judicial están vinculados a partidos o programas sociales.
Las boletas no se anularán, las boletas para las
distintas elecciones irán todas a la misma urna, el escrutinio no será en
casillas, el recuento se hará sin representantes políticos y, por supuesto, los
resultados se darán a conocer diez días después de los comicios. Hay un
problema de certidumbre.
La gente no conoce a los candidatos, y es difícil que
lo haga a través de la revisión del currículum que cada uno presenta. Por más
que intente enterarse, el ciudadano encontrará lagunas que le impedirán tomar
una decisión informada y responsable.
La falta de información se suple con algo a lo que los
partidos políticos están acostumbrados en sus grillas y elecciones internas: la
lista para dar el planchazo. Por lo pronto, José Ramón López Beltrán, hijo del
expresidente, ya dio su lista de “extraordinarios abogados y abogadas” que “son
garantía de que viene una nueva etapa de justicia con el pueblo, por el pueblo
y para el pueblo”. Está difícil que las minorías lleguen a estar representadas,
porque la mayor parte de las elecciones será por bloques.
Eso es la forma. En el fondo, la reforma al Poder
Judicial amenaza con eliminar los equilibrios que, por décadas, han frenado los
excesos presidenciales. De hecho, es conveniente que el Poder Judicial sirva
como contrapeso a las mayorías: que proteja los derechos de todos los
ciudadanos. No se trata de cargos de representación política, sino de cargos de
representación social, que a su vez requieren de capacidad profesional para
proteger a todos.
En esta elección se busca lo contrario: de lo que se
trata es de dotar de un Poder Judicial a modo para el gobierno y el partido
gobernantes, al estilo de lo que sucedía con el PRI hace medio siglo. Se
entrega una patente de corso a la mayoría política, que es precisamente una antítesis
de la democracia. Pero en el promocional se oye muy bonito eso de que la
democracia avanza.
La demanda social de una reforma judicial es añeja,
porque México limita al centro con la injusticia y a los lados con la
corrupción. Sin embargo, el principal problema de la justicia mexicana no sólo
radica en su impartición, a cargo de los jueces; está, sobre todo, en su
procuración, a cargo de las fiscalías. Mientras que la elección de jueces está
lejos de garantizar una mejora, la ausencia de una reforma a las fiscalías
garantiza que, entre violaciones cotidianas a los derechos humanos y carpetas de
investigación mal armadas, la justicia no llegará.
Con esta reforma, se ha golpeado fuertemente la carrera judicial, que es la base de un tercer poder bien capacitado. Gana la improvisación, pero sobre todo ganan las filias y fobias político-partidistas. Con esta involución, superficialmente legitimada por una elección sin sentido, se cumplirá una parte del propósito histórico de Andrés Manuel López Obrador: todo el poder a la camarilla leal.
El planchazo judicial y el consenso pasivo
El próximo domingo se llevarán a cabo las primeras elecciones para la renovación del Poder Judicial. Es posible que se vean largas colas para votar, pero no porque el proceso haya concitado el interés de la mayor parte de la población, sino porque habrá menos casillas que en las elecciones políticas y porque, como hay muchas boletas y el procedimiento es complicado, cada elector se tardará mucho más en marcar las boletas y depositarlas.
Según las encuestas de opinión, la mayoría de los
ciudadanos está de acuerdo con que los jueces y magistrados se elijan por el
voto popular. Al mismo tiempo, y a pesar de la campaña para promover la
participación, el interés es escaso, debido principalmente al desconocimiento
de casi todos los candidatos, a la complejidad del mecanismo y a que la gente
no tiene claro de qué se trata realmente.
En otras palabras, el acuerdo no deriva de un interés
real o de la creencia de que jueces elegidos serán mejores que jueces
designados a partir de un concurso, de la carrera judicial o de la decisión del
Congreso, sino porque se oye democrático eso de que el pueblo sea quien decida quienes
serán las personas juzgadoras.
Entre menos burros, más olotes. La escasa
participación ciudadana facilitará la tarea político-partidista de organizar
las listas para hacer un planchazo. Ya que casi todo mundo desconoce quiénes
son los candidatos, el partido le facilita la tarea al ciudadano militante o
simpatizante, entregándole un listado que le indica por cuáles votar. Si el método
funciona, el partido más grande -Morena, en el caso que nos ocupa- puede
imponer no sólo a la mayoría de sus candidatos, sino a todos, y de esa forma
avanzar en la toma del Poder Judicial y, con ello, en la destrucción de los
contrapesos que requiere todo gobierno democrático.
El planchazo ha sido una práctica común en varios
partidos políticos, incluso en aquellos que se precian de democráticos. El
grupo más fuerte, o la dirigencia misma del partido, da instrucciones a sus
simpatizantes para votar en paquete dentro de una lista abierta, y el resultado
final es que los grupos menores o la disidencia se quedan casi sin
representantes, o de plano sin ellos. Les pasó la plancha encima y quedaron
lisos.
No abundaré en los muchos sinsentidos de esta
elección. Basta con recordar que los votos de cada ciudadano no contarán igual
(unos votarán por muchos jueces; otros, por muy pocos), que las candidaturas no
son ciudadanas, sino que pasaron a través de un proceso en el que la gente del
partido en el poder tuvo más peso que cualquier otro actor político, que la
criba no fue lo suficientemente buena como para evitar la presentación de
candidatos con presuntas alianzas con la delincuencia y que el escrutinio de
los votos no se realizará en las casillas. El mayor sinsentido es los cargos en
el Poder Judicial no son de representación política, sino social. Este poder
debe proteger los derechos de todos los ciudadanos, y no servir a la mayoría
política.
El caso es que, salvo unas pocas iniciativas
dispersas, no hay manera de evitar que el domingo Morena y el gobierno impongan
a los juzgadores que les interesan. Es prácticamente imposible que los votos
diferentes perturben la supremacía de las listas, en un proceso diseñado para
acabar, en la práctica, con un contrapeso constitucional.
El grueso de la oposición política al gobierno ha llamado
a la abstención. Esa actitud es, al mismo tiempo, una denuncia pertinente y una
confesión de debilidad extrema. Lo primero, porque efectivamente se trata de
una simulación democrática que ayudará a asfixiar a la democracia. Lo segundo, porque
las oposiciones son incapaces siquiera de armar una lista alternativa con
perfiles de personas juzgadoras independientes del gobierno federal y su
partido, una lista que muy probablemente sería planchada, pero tal vez no en su
totalidad.
Un problema adicional para las oposiciones es el hecho
de que la mayoría de los ciudadanos avala al gobierno federal y eso ha servido
para que tenga éxito la propaganda respecto a la democratización que significa
la elección de juzgadores. Tal y como están las cosas, el planchazo del domingo
estará cerca del cien por ciento. Eso la pone en un dilema ante la segunda
vuelta, donde se renovará a otra tercera parte del Poder Judicial. ¿Mantenerse igual
para no prestarse a la farsa o promover el voto para hacer probable la victoria
de algunos candidatos independientes? Tal vez los resultados de la primera
vuelta les permitirán hacer un análisis sereno y definir estrategias, pero lo
más probable es que no: que se siga prefiriendo actuar de manera lírica, a lo
que el corazón o las vísceras dictan.
Así las cosas, la gran discusión después del domingo
no será principalmente sobre los resultados, sino sobre el grado de
participación, con unos afirmando que fue más que aceptable y otros diciendo
que fue tan baja que es muestra de rechazo a una reforma de mala concepción y
peores intenciones.
A final de cuentas, lo que importará -y en donde
saldrá ganando el gobierno- son dos cosas: una, se habrá avanzado en la
politización del Poder Judicial, en el proceso de convertido en un brazo más de
la 4T; se habrá generado un consenso pasivo: la aceptación de las normas y
valores del grupo dominante por parte de las clases subalternas. Una
victoria cultural a través de la propaganda. Algo que conocimos quienes vivimos,
hace ya varias décadas, bajo la férula del viejo PRI.
Un núcleo duro ni tan duro ni tan grande
La jornada electoral del domingo nos dice cosas acerca
del país que muchos no quieren ver. Estamos lejos del discurso gobiernista
según el cual el pueblo mexicano se expresó en una elección histórica y nos
convirtió en el país más democrático del mundo. Estamos lejos, también, de un
rechazo popular masivo a la 4T, como algunos sobreinterpretan. La participación
y los resultados preliminares apuntalan la hipótesis de que el consenso
alrededor del gobierno y su proyecto es, en todo caso, pasivo.
Acudió a votar aproximadamente uno de cada ocho
ciudadanos. Dada la complejidad de la votación, parece que los votos válidos
equivaldrán a menos del 10% del padrón electoral. La cantidad de votos nulos
fue muy relevante. Según las encuestas de salida y las telefónicas posteriores
a los comicios, la mayoría absoluta de quienes sí votaron fueron simpatizantes
morenistas, la mitad de los cuales consideraron confuso el método. Sólo un
puñado de electores se declararon de oposición y el resto se dijo no partidista.
Todavía un porcentaje mayoritario de la población considera correcto que se
haya elegido abiertamente a integrantes del Poder Judicial, pero ese porcentaje
está varios puntos por debajo de la aprobación presidencial. Uno de cada cuatro
mexicanos aprueba a Sheinbaum, pero desaprueba la elección de jueces.
La composición de los electores confirma el esperado
planchazo a favor de los candidatos cercanos a Morena. El gobierno gana estas
elecciones ayudado por su método: con una proporción muy minoritaria del
electorado, da un paso gigantesco en la conformación de un Poder Judicial afín
a él y a su partido. Esto debe interpretarse como un ulterior fortalecimiento
de Sheinbaum y del grupo en el poder.
Al mismo tiempo, hay una clara disonancia entre el
esfuerzo propagandístico para la promoción del voto y la asistencia ciudadana a
las urnas. Nadie puede jactarse de un triunfo de la democracia con la
participación de menos del 13 por ciento del electorado. Tampoco se está
presumiendo músculo. A pesar de todas las maneras, sutiles o burdas, para
inducir la participación, y a pesar de todos los recursos públicos gastados en
el proceso, los niveles de abstención fueron muy altos. El núcleo duro y activo
del morenismo es más pequeño de lo que se nos quiere hacer pensar.
En un primer resumen, se trata de una victoria
gobiernista para los propósitos de continuar con la acumulación de poder de
parte de un grupo, y logra cumplir con esa parte el legado de López Obrador,
que pasa por la destrucción del andamiaje democrático institucional. Pero
también de una derrota política, en el sentido de que la montaña del supuesto
entusiasmo popular por la reforma judicial, que tanto rugía, terminó pariendo
un ratón. El que luego la oposición pueda mostrarse incapaz de arar y cosechar
en esa derrota política -como probablemente sucederá- es otro cantar.
Los datos preliminares nos indican que hay una
sorpresa: Hugo Aguilar, jurista oaxaqueño de origen mixteco, a la hora de
escribir estas líneas llevaba una delantera aparentemente cómoda a las dos
ministras más conocidas y que hicieron más campaña en medios: Lenia Batres y
Yasmín Esquivel, por lo que es el favorito para presidir la Suprema Corte. Hay
que señalar que Aguilar estaba en la mayoría de los acordeones repartidos a los
electores morenistas (era parte de la plancha), pero tenía la ventaja de no ser
tan polémico como las actuales ministras. Eso también cuenta. Seguramente mucho
más que atributos, como que Aguilar se formó en temas agrarios e indígenas o
que es partidario de la justicia interseccional (el enfoque legal que prioriza analizar
la justicia a través de múltiples dimensiones de identidad, desigualdad y
discriminación).
Finalmente, dos apuntes. El domingo también hubo
elecciones locales en Durango y Veracruz. En ambas, la participación ciudadana
fue muy superior a la de la elección judicial (más del doble en Veracruz) y en
ninguna de las dos le fue bien a Morena. Aquí tampoco el núcleo duro resultó
tan duro ni tan grande.
En Durango, la alianza PRI-PAN conquistó la capital
del estado y la coalición morenista se fue al tercer lugar, detrás de
Movimiento Ciudadano. A nivel estatal, el PRI-PAN se llevó 20 ayuntamientos,
por 16 de la coalición que encabeza Morena y 3 para MC. En términos de
población, dos terceras partes de los duranguenses serán gobernados por los
partidos tradicionales. La reacción de la dirigencia morenista estatal fue fiel
a su ADN: se quejan de fraude y “elección de Estado”.
En Veracruz, Morena, PRI y PAN perdieron municipios;
los ganadores fueron el PT (que, a diferencia del Verde, no fue en coalición)
y, sobre todo, Movimiento Ciudadano, que se convirtió en segunda fuerza
electoral en ese estado. La oposición en su conjunto recuperó 53 municipios y
el PT se hizo de 20 más y acusó a Morena de “soberbia” por no querer
coaligarse. Aunque retuvo Xalapa y el puerto de Veracruz y tiene la mayoría de
los votos totales en la entidad, Morena sufrió un descalabro. Como están en el
gobierno no podían argumentar “elección de Estado”, la gobernadora Rocío Nahle
fue más cauta y declaró: “a veces se aprende más de los tropezones”. Sin
embargo, el aparato nacional de Morena siguió vendiendo los resultados en la
entidad como una gran victoria.
Así que fue un día agridulce para los guindas. Dulce,
porque le cumplieron a AMLO y avanzan con fuerza en la toma del poder judicial.
Agrio, porque la participación ciudadana en la elección judicial no fue la
esperada y porque, cuando se trató de retener el poder en elecciones políticas
locales, se toparon con algunas paredes.
Quien analice bien lo sucedido podrá tomar mejores decisiones políticas en el futuro. ¿Habrá alguno o seguirán todos privilegiando la propaganda al grado de tragársela ellos mismos? Digo, porque todavía, y por fortuna, hay mucha membrana suave alrededor de los núcleos duros.
