Elección judicial: planchazo y consenso pasivo

A continuación, tres textos que resumen mi opinión sobre la elección judicial. El primero es de un mes antes de los comicios; el segundo, a poco menos de una semana; el tercero fue escrito el día después.

Una elección sin sentido

Se acerca la fecha programada para la elección judicial y ya está en pleno el proceso de promoción del voto. En este se dice que, con la elección popular de personas juzgadoras, se trata de fortalecer nuestra democracia. Ojalá así fuera, pero no.

En los promocionales se acepta, de manera tácita, que el proceso de votación es complicado para cualquier ciudadano, al enviar al posible votante a una página de internet en donde le explican el método.

Todos los ciudadanos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. El 1°de junio, la ciudadanía que acuda a las urnas votará en uno de los 60 “distritos judiciales electorales”. Esos distritos judiciales no se corresponden con los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación ni tampoco adoptan un criterio de distribución poblacional. Se definieron de manera arbitraria y asimétrica. En esa elección no contará igual el voto de un ciudadano en Jalisco que el de otro en Chiapas. En algunas partes de la Ciudad de México, los ciudadanos que vayan a las casillas se enfrentarán a una enorme cantidad de boletas. Hay un juez en materia de telecomunicaciones que se votará sólo en uno de los distritos capitalinos y hay zonas donde no se votará por ningún juez laboral.

Las candidaturas no son ciudadanas, sino que pasaron a través de un proceso en el que la gente del partido en el poder tuvo más peso que cualquier otro actor político. Son, sobre todo, candidatos del Ejecutivo y del Legislativo, más algunos de los gobernadores (incluidos aquellos posiblemente coludidos con el crimen organizado). Y en el Senado aceptan que la criba no fue lo suficientemente buena como para evitar la presentación de candidatos con presuntas alianzas con la delincuencia .

Para la elección de jueces hay más de 200 mil solicitudes para ser observador electoral. Es claro que hay quien pretende usar esa figura para incidir indebidamente. El INE encontró que más de 32 mil de los solicitantes para observar la elección del poder judicial están vinculados a partidos o programas sociales.

Las boletas no se anularán, las boletas para las distintas elecciones irán todas a la misma urna, el escrutinio no será en casillas, el recuento se hará sin representantes políticos y, por supuesto, los resultados se darán a conocer diez días después de los comicios. Hay un problema de certidumbre.

La gente no conoce a los candidatos, y es difícil que lo haga a través de la revisión del currículum que cada uno presenta. Por más que intente enterarse, el ciudadano encontrará lagunas que le impedirán tomar una decisión informada y responsable.

La falta de información se suple con algo a lo que los partidos políticos están acostumbrados en sus grillas y elecciones internas: la lista para dar el planchazo. Por lo pronto, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, ya dio su lista de “extraordinarios abogados y abogadas” que “son garantía de que viene una nueva etapa de justicia con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Está difícil que las minorías lleguen a estar representadas, porque la mayor parte de las elecciones será por bloques.

Eso es la forma. En el fondo, la reforma al Poder Judicial amenaza con eliminar los equilibrios que, por décadas, han frenado los excesos presidenciales. De hecho, es conveniente que el Poder Judicial sirva como contrapeso a las mayorías: que proteja los derechos de todos los ciudadanos. No se trata de cargos de representación política, sino de cargos de representación social, que a su vez requieren de capacidad profesional para proteger a todos.

En esta elección se busca lo contrario: de lo que se trata es de dotar de un Poder Judicial a modo para el gobierno y el partido gobernantes, al estilo de lo que sucedía con el PRI hace medio siglo. Se entrega una patente de corso a la mayoría política, que es precisamente una antítesis de la democracia. Pero en el promocional se oye muy bonito eso de que la democracia avanza.

La demanda social de una reforma judicial es añeja, porque México limita al centro con la injusticia y a los lados con la corrupción. Sin embargo, el principal problema de la justicia mexicana no sólo radica en su impartición, a cargo de los jueces; está, sobre todo, en su procuración, a cargo de las fiscalías. Mientras que la elección de jueces está lejos de garantizar una mejora, la ausencia de una reforma a las fiscalías garantiza que, entre violaciones cotidianas a los derechos humanos y carpetas de investigación mal armadas, la justicia no llegará.

Con esta reforma, se ha golpeado fuertemente la carrera judicial, que es la base de un tercer poder bien capacitado. Gana la improvisación, pero sobre todo ganan las filias y fobias político-partidistas. Con esta involución, superficialmente legitimada por una elección sin sentido, se cumplirá una parte del propósito histórico de Andrés Manuel López Obrador: todo el poder a la camarilla leal. 

El planchazo judicial y el consenso pasivo

El próximo domingo se llevarán a cabo las primeras elecciones para la renovación del Poder Judicial. Es posible que se vean largas colas para votar, pero no porque el proceso haya concitado el interés de la mayor parte de la población, sino porque habrá menos casillas que en las elecciones políticas y porque, como hay muchas boletas y el procedimiento es complicado, cada elector se tardará mucho más en marcar las boletas y depositarlas.

Según las encuestas de opinión, la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que los jueces y magistrados se elijan por el voto popular. Al mismo tiempo, y a pesar de la campaña para promover la participación, el interés es escaso, debido principalmente al desconocimiento de casi todos los candidatos, a la complejidad del mecanismo y a que la gente no tiene claro de qué se trata realmente.

En otras palabras, el acuerdo no deriva de un interés real o de la creencia de que jueces elegidos serán mejores que jueces designados a partir de un concurso, de la carrera judicial o de la decisión del Congreso, sino porque se oye democrático eso de que el pueblo sea quien decida quienes serán las personas juzgadoras.

Entre menos burros, más olotes. La escasa participación ciudadana facilitará la tarea político-partidista de organizar las listas para hacer un planchazo. Ya que casi todo mundo desconoce quiénes son los candidatos, el partido le facilita la tarea al ciudadano militante o simpatizante, entregándole un listado que le indica por cuáles votar. Si el método funciona, el partido más grande -Morena, en el caso que nos ocupa- puede imponer no sólo a la mayoría de sus candidatos, sino a todos, y de esa forma avanzar en la toma del Poder Judicial y, con ello, en la destrucción de los contrapesos que requiere todo gobierno democrático.

El planchazo ha sido una práctica común en varios partidos políticos, incluso en aquellos que se precian de democráticos. El grupo más fuerte, o la dirigencia misma del partido, da instrucciones a sus simpatizantes para votar en paquete dentro de una lista abierta, y el resultado final es que los grupos menores o la disidencia se quedan casi sin representantes, o de plano sin ellos. Les pasó la plancha encima y quedaron lisos.

No abundaré en los muchos sinsentidos de esta elección. Basta con recordar que los votos de cada ciudadano no contarán igual (unos votarán por muchos jueces; otros, por muy pocos), que las candidaturas no son ciudadanas, sino que pasaron a través de un proceso en el que la gente del partido en el poder tuvo más peso que cualquier otro actor político, que la criba no fue lo suficientemente buena como para evitar la presentación de candidatos con presuntas alianzas con la delincuencia y que el escrutinio de los votos no se realizará en las casillas. El mayor sinsentido es los cargos en el Poder Judicial no son de representación política, sino social. Este poder debe proteger los derechos de todos los ciudadanos, y no servir a la mayoría política.

El caso es que, salvo unas pocas iniciativas dispersas, no hay manera de evitar que el domingo Morena y el gobierno impongan a los juzgadores que les interesan. Es prácticamente imposible que los votos diferentes perturben la supremacía de las listas, en un proceso diseñado para acabar, en la práctica, con un contrapeso constitucional.

El grueso de la oposición política al gobierno ha llamado a la abstención. Esa actitud es, al mismo tiempo, una denuncia pertinente y una confesión de debilidad extrema. Lo primero, porque efectivamente se trata de una simulación democrática que ayudará a asfixiar a la democracia. Lo segundo, porque las oposiciones son incapaces siquiera de armar una lista alternativa con perfiles de personas juzgadoras independientes del gobierno federal y su partido, una lista que muy probablemente sería planchada, pero tal vez no en su totalidad.

Un problema adicional para las oposiciones es el hecho de que la mayoría de los ciudadanos avala al gobierno federal y eso ha servido para que tenga éxito la propaganda respecto a la democratización que significa la elección de juzgadores. Tal y como están las cosas, el planchazo del domingo estará cerca del cien por ciento. Eso la pone en un dilema ante la segunda vuelta, donde se renovará a otra tercera parte del Poder Judicial. ¿Mantenerse igual para no prestarse a la farsa o promover el voto para hacer probable la victoria de algunos candidatos independientes? Tal vez los resultados de la primera vuelta les permitirán hacer un análisis sereno y definir estrategias, pero lo más probable es que no: que se siga prefiriendo actuar de manera lírica, a lo que el corazón o las vísceras dictan.

Así las cosas, la gran discusión después del domingo no será principalmente sobre los resultados, sino sobre el grado de participación, con unos afirmando que fue más que aceptable y otros diciendo que fue tan baja que es muestra de rechazo a una reforma de mala concepción y peores intenciones.

A final de cuentas, lo que importará -y en donde saldrá ganando el gobierno- son dos cosas: una, se habrá avanzado en la politización del Poder Judicial, en el proceso de convertido en un brazo más de la 4T; se habrá generado un consenso pasivo: la aceptación de las normas y valores del grupo dominante por parte de las clases subalternas. Una victoria cultural a través de la propaganda. Algo que conocimos quienes vivimos, hace ya varias décadas, bajo la férula del viejo PRI.

 

Un núcleo duro ni tan duro ni tan grande

La jornada electoral del domingo nos dice cosas acerca del país que muchos no quieren ver. Estamos lejos del discurso gobiernista según el cual el pueblo mexicano se expresó en una elección histórica y nos convirtió en el país más democrático del mundo. Estamos lejos, también, de un rechazo popular masivo a la 4T, como algunos sobreinterpretan. La participación y los resultados preliminares apuntalan la hipótesis de que el consenso alrededor del gobierno y su proyecto es, en todo caso, pasivo.

Acudió a votar aproximadamente uno de cada ocho ciudadanos. Dada la complejidad de la votación, parece que los votos válidos equivaldrán a menos del 10% del padrón electoral. La cantidad de votos nulos fue muy relevante. Según las encuestas de salida y las telefónicas posteriores a los comicios, la mayoría absoluta de quienes sí votaron fueron simpatizantes morenistas, la mitad de los cuales consideraron confuso el método. Sólo un puñado de electores se declararon de oposición y el resto se dijo no partidista. Todavía un porcentaje mayoritario de la población considera correcto que se haya elegido abiertamente a integrantes del Poder Judicial, pero ese porcentaje está varios puntos por debajo de la aprobación presidencial. Uno de cada cuatro mexicanos aprueba a Sheinbaum, pero desaprueba la elección de jueces.

La composición de los electores confirma el esperado planchazo a favor de los candidatos cercanos a Morena. El gobierno gana estas elecciones ayudado por su método: con una proporción muy minoritaria del electorado, da un paso gigantesco en la conformación de un Poder Judicial afín a él y a su partido. Esto debe interpretarse como un ulterior fortalecimiento de Sheinbaum y del grupo en el poder.

Al mismo tiempo, hay una clara disonancia entre el esfuerzo propagandístico para la promoción del voto y la asistencia ciudadana a las urnas. Nadie puede jactarse de un triunfo de la democracia con la participación de menos del 13 por ciento del electorado. Tampoco se está presumiendo músculo. A pesar de todas las maneras, sutiles o burdas, para inducir la participación, y a pesar de todos los recursos públicos gastados en el proceso, los niveles de abstención fueron muy altos. El núcleo duro y activo del morenismo es más pequeño de lo que se nos quiere hacer pensar.

En un primer resumen, se trata de una victoria gobiernista para los propósitos de continuar con la acumulación de poder de parte de un grupo, y logra cumplir con esa parte el legado de López Obrador, que pasa por la destrucción del andamiaje democrático institucional. Pero también de una derrota política, en el sentido de que la montaña del supuesto entusiasmo popular por la reforma judicial, que tanto rugía, terminó pariendo un ratón. El que luego la oposición pueda mostrarse incapaz de arar y cosechar en esa derrota política -como probablemente sucederá- es otro cantar.

Los datos preliminares nos indican que hay una sorpresa: Hugo Aguilar, jurista oaxaqueño de origen mixteco, a la hora de escribir estas líneas llevaba una delantera aparentemente cómoda a las dos ministras más conocidas y que hicieron más campaña en medios: Lenia Batres y Yasmín Esquivel, por lo que es el favorito para presidir la Suprema Corte. Hay que señalar que Aguilar estaba en la mayoría de los acordeones repartidos a los electores morenistas (era parte de la plancha), pero tenía la ventaja de no ser tan polémico como las actuales ministras. Eso también cuenta. Seguramente mucho más que atributos, como que Aguilar se formó en temas agrarios e indígenas o que es partidario de la justicia interseccional (el enfoque legal que prioriza analizar la justicia a través de múltiples dimensiones de identidad, desigualdad y discriminación).

Finalmente, dos apuntes. El domingo también hubo elecciones locales en Durango y Veracruz. En ambas, la participación ciudadana fue muy superior a la de la elección judicial (más del doble en Veracruz) y en ninguna de las dos le fue bien a Morena. Aquí tampoco el núcleo duro resultó tan duro ni tan grande.

En Durango, la alianza PRI-PAN conquistó la capital del estado y la coalición morenista se fue al tercer lugar, detrás de Movimiento Ciudadano. A nivel estatal, el PRI-PAN se llevó 20 ayuntamientos, por 16 de la coalición que encabeza Morena y 3 para MC. En términos de población, dos terceras partes de los duranguenses serán gobernados por los partidos tradicionales. La reacción de la dirigencia morenista estatal fue fiel a su ADN: se quejan de fraude y “elección de Estado”.

En Veracruz, Morena, PRI y PAN perdieron municipios; los ganadores fueron el PT (que, a diferencia del Verde, no fue en coalición) y, sobre todo, Movimiento Ciudadano, que se convirtió en segunda fuerza electoral en ese estado. La oposición en su conjunto recuperó 53 municipios y el PT se hizo de 20 más y acusó a Morena de “soberbia” por no querer coaligarse. Aunque retuvo Xalapa y el puerto de Veracruz y tiene la mayoría de los votos totales en la entidad, Morena sufrió un descalabro. Como están en el gobierno no podían argumentar “elección de Estado”, la gobernadora Rocío Nahle fue más cauta y declaró: “a veces se aprende más de los tropezones”. Sin embargo, el aparato nacional de Morena siguió vendiendo los resultados en la entidad como una gran victoria.

Así que fue un día agridulce para los guindas. Dulce, porque le cumplieron a AMLO y avanzan con fuerza en la toma del poder judicial. Agrio, porque la participación ciudadana en la elección judicial no fue la esperada y porque, cuando se trató de retener el poder en elecciones políticas locales, se toparon con algunas paredes.

Quien analice bien lo sucedido podrá tomar mejores decisiones políticas en el futuro. ¿Habrá alguno o seguirán todos privilegiando la propaganda al grado de tragársela ellos mismos? Digo, porque todavía, y por fortuna, hay mucha membrana suave alrededor de los núcleos duros.